Chilpancingo, Gro.
13 de agosto 2023
Trazos noticias
Congreso
La diputada Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local para establecer la obligación del Estado de brindar el servicio de agua potable como un derecho humano, estableciendo la preferencia en el servicio a los hogares sobre los negocios u otros usos.
Al presentar su propuesta en
la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la diputada de Morena
resaltó que el agua es un derecho humano y un recurso natural indispensable
para todas las actividades humanas -agrícolas, pesqueras, domésticas,
industriales y otras-, por lo cual es importante diseñar políticas, planes y
proyectos hidráulicos que permitan disponer del recurso y racionarlo de manera
sustentable, evitando su privatización y el lucro.
Agregó que el Estado está
obligado a garantizar este derecho bajo los términos que la Ley Reglamentaria
indica, procurando que el vital líquido sea distribuido de forma equitativa,
basado en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad, diversidad, racionalidad, autogestión y sustentabilidad, acciones que
no solo competen al estado, sino que requieren de la participación de los
municipios y las comunidades como principales gestores, así como a la propia
federación.
Por lo anterior, la también
presidenta de la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos hizo
un llamado a sus homólogos para que, de manera responsable y con sentido
humano, analicen la reforma en comento para que toda persona tenga derecho a
disfrutar del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre y gratuita, y así dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales
suscritos por el Estado Mexicano.
Además, enfatiza que la
participación social deba de sustentarse en esquemas comunitarios que
involucren la responsabilidad y decisión de la colectividad; y, por último, se
establece que el servicio público, dada la importancia de garantizar un derecho
humano fundamental, no puede ser objeto de privatización y que la gestión del
agua será pública y sin fines de lucro.
La propuesta fue turnada a la
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y
dictaminación correspondientes.
