Chilpancingo, Gro.
14 de marzo 2023
Trazos noticias
Congreso
Con el propósito de integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, para que quienes la cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre su proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas, el diputado Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento, el diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena mencionó que la violencia asociada a los grupos
delincuenciales se ha incrementado en el país, particularmente en Guerrero, lo
que ha traído reclamos de la sociedad civil, por carecer de acciones legales
efectivas que prevengan estos actos y desarticulen a las organizaciones
criminales.
Agregó que la extorsión es una de las prácticas que
mayormente afectan a los guerrerenses, mismo que se que se encuentra tipificado
en el artículo 243 del Código Procesal Penal del Estado, a pesar de lo cual no
cuenta con medidas cautelares como la prisión preventiva, y se ha convertido en
un acto común ejercido ya no solo por los grupos delincuenciales, sino por
muchos ciudadanos que lo ven como una forma de obtener recursos económicos.
“La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones
violentas, que pueden ser de manera directa o indirecta, con nuevas
modalidades; sin embargo, las más recurrentes son por vía telefónica, donde se
amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no paga determinada
cantidad de dinero; por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las
organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado cobro de derecho
de piso, o cobro de protección”, abundó.
El legislador subrayó que dicho delito ha afectado
completamente la actividad comercial, con mayor incidencia en los municipios de
Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Tlapa, Iguala, Tierra Caliente y
parte de la zona Norte, causando no solo daño físico, psicológico y patrimonial
a las víctimas, sino a las familias que sufren un miedo profundo por su
integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros.
Por todas estas razones, Badillo Escamilla considera la
necesidad de dotar a las instituciones de las herramientas legales para la
persecución y sanción de la extorsión, integrándose en el catálogo de los
delitos que cuentan como medida cautelar la prisión preventiva.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen
correspondiente.
