Chilpancingo, Gro.
28 marzo 2023
Trazos noticias
Congreso
El Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la verificación vinculatoria realizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro ) del Ejercicio Fiscal 2022, a que publiquen en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información concerniente a sus obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Lo anterior a propuesta del diputado Adolfo Torales Catalán
(PRI), quien expuso que el ITAIGro reportó en el Informe Anual de Labores y
Resultados 2022 que de acuerdo a la verificación vinculatoria realizada a los
sujetos obligados en los portales de internet y la Plataforma Nacional de
Transparencia, de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron acuerdo de
cumplimiento satisfactorio, al haber publicado un porcentaje mayor al 70 por
ciento de la información correspondiente a sus obligaciones de transparencia
comunes.
Abundó que los 48 ayuntamientos restantes obtuvieron un
resultado no satisfactorio, y de estos 32 estuvieron por debajo del 50 por
ciento en la publicación de sus obligaciones de transparencia, identificándose
que en su mayoría son los mismos que han venido incumpliendo de forma reiterada
en verificaciones vinculantes de años anteriores.
El legislador refirió que en la última Encuesta Nacional de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se concluyó
que la población manifestó tener mucha confianza en la información que ofrece
el gobierno sobre diversos temas, y que el 53.3 por ciento lo atribuye a que
esta no se difunde.
Por ello, Torales Catalán considera importante que los
ayuntamientos cumplan con su obligación de publicar la información relacionada
con la transparencia, “pues con ello, además de generar confianza en los entes
municipales, se permite a la ciudadanía evaluar el desempeño de los servidores
públicos, vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto y hacer valer otros
derechos humanos fundamentales, como los servicios y programas de salud,
educación y bienestar social”.