Chilpancingo, Gro.
06 de febrero 2023
Trazos noticias
Congreso
La diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero para que el delito de desaparición forzada de personas responda a un tipo penal específico, vinculado a los estándares internacionales en la materia, que permita perseguirlo, investigarlo y sancionarlo de manera homogénea, con independencia del Estado, servidores públicos y/o personas involucradas en el hecho.
En su exposición de motivos,
la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena expuso que en Guerrero no hay
datos exactos del número de desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”,
que duró desde finales de la década de los 60 hasta mediados de los años 80.
Citó que en el informe final
de la Comisión de la Verdad, creada mediante decreto de Ley el 20 de marzo de
2012, se reconocen alrededor de 500 desaparecidos en esa etapa; sin embargo,
colectivos de familiares consideran que el número es mucho mayor.
La diputada recordó que en el
año 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la
Recomendación 26/2001, reconociendo la práctica de desaparición forzada como
política de Estado, luego de que familiares de Rosendo Radilla y de otras
víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presentaron, el 15
de noviembre del 2001, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), como un ejemplo paradigmático de lo sucedido a cientos de
familias durante la “guerra sucia”.
Abundó que el 23 de noviembre
de 2009 la CNDH emitió notificó sentencia al Estado mexicano por la
responsabilidad de violación de los derechos a la libertad, a la integridad
personal y y mental, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica
de Radilla Pacheco.
Alejo Rayo manifestó que el
delito de desaparición forzada se ha convertido en uno de los temas de mayor
relevancia en los últimos años dentro de la agenda pública, debido al número
creciente de casos presentados ante las autoridades correspondientes, así como
por hechos públicos difundidos en medios de comunicación.
También ejemplificó que
recientemente el estado de Guerrero acaparó la atención del mundo por las
muertes y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, hechos que
cimbraron a nuestra sociedad y hasta el día de hoy siguen causando dolor,
indignación y molestia.
Recalcó que lo expuesto tiene
como objetivo señalar la problemática de desapariciones forzadas y la necesidad
de insistir en erradicar la impunidad, por lo cual se estima necesario que este
delito responda a un tipo penal especifico vinculado a los estándares
internacionales en la materia, de modo que se pueda perseguir, investigar y
sancionar de manera homogénea, con independencia del Estado o del servidor
público y/o personas involucradas.
“El propósito es sumarnos en
una resistencia humanitaria para que la sociedad en su conjunto exija a las
instituciones que trabajen eficazmente, hasta poner fin a esta terrible
situación”, apuntó.
Esta iniciativa que reforma el
Código Penal del Estado de Guerrero Número 499 fue turnada a la Comisión de
Justicia, para su respectivo análisis y emisión del dictamen.
