Chilpancingo, Gro.
26 noviembre 2018
Trazos noticias
Congreso
Para fortalecer la Fiscalía
Anticorrupción del Estado, el diputado J. Jesús Villanueva Vega propuso que la
designación de su titular la haga el Congreso del Estado por mayoría
calificada, que rinda un informe periódico de sus actividades, además de
dotarla de autonomía presupuestaria.
Esto, a través de una
iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, que tiene como
objetivo principal coadyuvar en el combate a la corrupción.
En su documento, el diputado
integrante del Grupo Parlamentario de Morena enfatizó que el Sistema Estatal
Anticorrupción tiene limitaciones, una de ellas es que la Fiscalía de Combate a
la Corrupción es reducida a una instancia de tercer nivel dentro de la
estructura de la Fiscalía General del Estado, que la hace dependiente de ésta,
además de que no puede investigar a su titular, como lo establece la Ley
Orgánica.
Por lo antes mencionado,
Villanueva Vega expuso la necesidad de hacer adecuaciones al marco normativo y
diseño institucional, para generar una Fiscalía Anticorrupción con autonomía
técnica y presupuestaria para ejercer sus funciones y atribuciones
constitucionales y legales, para evitar cualquier presión jerárquica
administrativa por parte de la propia Fiscalía General del Estado y generar
certeza y confiabilidad.
El diputado agregó que no se
debe olvidar que el principio de división de poderes es un mecanismo de
racionalización del poder público, con el fin de garantizar el principio
democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen
de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco,
limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder al interior de las
instancias de gobierno.
Por lo anterior, considera el
legislador que se deben hacer las adecuaciones necesarias a la Constitución
Política del Estado de Guerrero en materia de la Fiscalía Especializada en
Combate a la corrupción, para alcanzar los fines por los que fue creada,
cumpliendo como un órgano constitucional autónomo que realice acciones para
inhibir la corrupción en todos sus ámbitos.
