Chilpancingo,
Gro.
22
noviembre 2018
Trazos
noticias
Congreso
Diputados locales acordaron
llamar a comparecer ante comisiones al fiscal General del estado, Jorge Zuriel
de los Santos Barrila, para que informe y aclare sobre la carpeta de investigación
relativa al homicidio del empresario César Zambrano Pérez, y sobre la evidencia
videográfica de este asunto.
En tribuna, el diputado Omar
Jalil Flores Majul propuso un exhorto para solicitar al fiscal un informe sobre
dicho caso, donde están involucrados Juan Alejandro Tapia Reyes y su hijo
Rodrigo Tapia Uribe, a quienes se les vincula con el homicidio del empresario,
pero a propuesta del diputado Zeferino Gómez Valdovinos, se aprobó la
comparecencia ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
Ambos diputados señalaron que
el miércoles por la noche en un noticiero se presentó una nota alusiva al
asesinato del empresario Zambrano Pérez, señalando a dos presuntos
responsables, de los cuales se menciona que fueron detenidos en Zihuatanejo;
sin embargo, -agrega la información- al parecer este asunto es falso porque se
muestra un video donde se observa el secuestro de Juan Alejandro Tapia Reyes y
se informa que su hijo fue detenido por presuntos policías ministeriales cuando
hizo la denuncia. Posteriormente a la familia se le exigió 150 mil pesos.
Al respecto, manifiestan que
dicha nota revela que los procedimientos ministeriales no son creíbles, porque
se muestran evidencias que señalan que existen graves errores aparentes en el
procedimiento judicial, dado a las evidencias mostradas en el noticiario.
Los legisladores señalan que
las condiciones de inseguridad que vive Guerrero y el país hacen necesario que
los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, honorabilidad,
profesionalismo y certeza jurídica marquen la ruta de actuación de todos los
procesos de indagatorias ministeriales y judiciales.
Por eso es necesario que acuda
el fiscal ante dichas comisiones e informe sobre la indagatoria del caso
mencionado; para ello, la Junta de Coordinación Política acordará la fecha y
hora.
En otros asuntos, diputados
locales aprobaron aumentar la pena de prisión de cinco a diez años y de quince
a veinticinco, y ampliar el espectro del catálogo de las agravantes del delito
de extorsión, así como establecer la multa de doscientos cincuenta a mil
unidades de medida.
