Chilpancingo,
Gro.
03
julio 2018
Por
redacción trazosnoticias.com
Congreso
En la sesión del martes en el
Pleno del Congreso del estado se aprobó por mayoría los dos dictámenes que
dejan sin efectos las solicitudes de permiso en los casos de presidentes
municipales y diputados locales.
Fueron los diputados de las
diferentes fracciones de los partidos, quienes leyeron en lo particular cada
uno de las solicitudes de regreso de los que participaron para diputados
locales, federales, y en la fórmula para presidentes municipales.
En los casos de los alcaldes
que regresan son Justino Altamirano Hernández, de Alpuyeca, Guerrero, Nicolás
Diego Herrera, del municipio de Alcozauca, Felícita Muñiz Gómez de Mártir de
Cuilapan, (Arango).
Por los diputados que
solicitaron integrarse destacan, Jesús Martínez Martínez, Beatriz Alarcón
Adame, Eusebio González Rodríguez, Luis Justo Bautista, Ricardo Moreno Arcos,
de estos se esperan se reincorporen el próximo jueves, ya para funciones.
En la próxima sesión se
esperan la incorporación también, de Pilar Badillo Ruiz, Ángeles Salomón
Galeana, Irving Granda Castro, entre otros.
También regresaron síndicos,
regidores de Tecoanapa, Chilpancingo, e Iguala, en propuestas de reformas, se
hizo mención a reformas a la libertad de expresión y se remarcó el caso de los
periodistas.
Entrevistada por separado la
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Elba Ramírez
Benancio, dijo que los diputados están en todo su derecho de regresar por que
así se lo garantiza la Ley, en todo momento los diputados pueden pedir permiso
y realizar las tareas que más les interese y después regresar, aclaró la
diputada.
En el tema de las reformas a
la Ley, el diputado Eufemio Cesario Sánchez, propuso reformas al Código Penal
del estado, para que se considere como agravante en los delitos de homicidio,
amenazas y lesiones cuando éstos se cometen en contra de trabajadores de los
medios de comunicación y sus familias.
De esta forma dijo, el Código
Penal del Estado de Guerrero no contempla la regulación de conductas ilícitas
cometidas en contra de los periodistas y sus familias, y que la protección que
se ofrece a través de dichas leyes no ha resultado eficaz ni idónea para
inhibir los delitos en contra de éstos.
Esto para que si se demuestra
que el delito fue perpetrado en contra de quien labore en un medio de comunicación,
su cónyuge, sus parientes en línea directa o colateral hasta en cuarto grado, y
que tuviera como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad
de expresión, o fuere en razón del desempeño de la labor periodística, se
aumentará la penalidad hasta en un tercio del máximo de la pena prevista.
